REAL DECRETO-LEY 20/2012, de 13 de julio, EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y EMPLEO

Temática: 
Área laboral
NOVEDADES INTRODUCIDAS POR EL REAL DECRETO-LEY 20/2012, de 13 de julio, EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y EMPLEO
  • Se modifican los apartados 2 y 3 y se añade un nuevo apartado 4 al artículo 109, de la Ley General de la Seguridad Social.

          La cuantía de la prestación se determinará aplicando a la base reguladora los siguientes porcentajes: El 70 por 100 durante los ciento ochenta primeros días y el 50 por 100 a partir del día ciento ochenta y uno.

          La cuantía máxima de la prestación por desempleo será del 175 por 100 del indicador público de rentas de efectos múltiples, salvo cuando el trabajador tenga uno o más hijos a su cargo, en tal caso, la cuantía será, respectivamente, del 200 por 100 o del 225 por 100 de dicho indicador.

  • Se suprimen todas las bonificaciones a la contratación a excepción de las destinadas a la contratación de personas con discapacidad, así como a la contratación, a través de nuevo contrato de apoyo a los emprendedores, de jóvenes, mayores de 45 años, parados de larga duración y mujeres.
  • Se mantienen igualmente las bonificaciones a la contratación de jóvenes que se constituyan como autónomos, y personas que sustituyen a trabajadores en baja por maternidad y a víctimas de
    violencia de género.

SALARIOS DE TRAMITACIÓN

  • Se modifica el régimen de reclamación al Estado del abono de los salarios de tramitación en los casos de despido declarado nulo o improcedente por sentencia judicial firme. Los pagará el Estado cuando la resolución judicial se dicte transcurridos noventa días hábiles desde el momento en que se presentó la demanda y por el tiempo que exceda de ese plazo. La reforma que ahora se efectúa no supone ninguna merma al derecho de los trabajadores a percibir los salarios de tramitación adeudados, puesto que los seguirán cobrando en las mismas condiciones que estaban establecidas. Se limita a ajustar los plazos a la realidad de nuestros tribunales y a la respuesta que actualmente puede considerarse adecuada a la vista de la carga de trabajo de los juzgados.

 

 

 

FOGASA

  • En las indemnizaciones por despido que no pueda desembolsar el empresario el Fogasa pagaba el límite máximo de un año, sin que la base diaria para el cálculo pudiera exceder del triple del SMI, incluyendo prorrata de pagas extras. A partir de ahora sólo se aportará desde el Estado el doble del salario mínimo. Y en los procesos concursales, al margen de lo que se pueda pactar, las indemnizaciones con cargo al Fogasa se calculará sobre la base de 20 días por año trabajado, con el límite máximo de un año, y sin que la retribución diaria supere el doble (y no el triple, como figuraba en la ley hasta ahora) del SMI. 

SEGURIDAD SOCIAL

  • Se asimilan los rendimientos del trabajo a efectos de cotización a la Seguridad Social con respecto al tratamiento que se les otorga en la tributación a efectos del IRPF.
     
  • Se homogeneízan los recargos por retraso en el abono de cuotas a la Seguridad Social, en el tipo del 20%, con independencia de cuál sea el tiempo de retraso en el pago.
     
  • Se incrementa la base máxima de cotización en cinco puntos porcentuales en 2013 y 2014, aumentando consecuentemente la pensión máxima un punto adicional a la variación del IPC como compensación. De la misma forma, se incrementa un punto porcentual la base mínima de cotización de los trabajadores autónomos. El Pacto de Toledo establece la necesidad de adecuar las bases y los períodos de cotización garantizando la adecuada correlación en la evolución de salarios, cotizaciones y prestaciones.
     

          Se propondrán medidas en cumplimiento de las recomendaciones del propio Pacto de Toledo, de la Comisión Europea y del Consejo Europeo para acercar la edad real a la edad legal de jubilación. También se abordarán medidas en el ámbito de la jubilación parcial y de la jubilación anticipada.